Cada dos días se produce una agresión a funcionarios en los centros penitenciarios españoles, según denunció el sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones, ACAIP, ante el Congreso de los Diputados. En 2013 hubo 329 agresiones, un 49% más que hace diez años. Sin perder de vista que este tipo de agresiones se producen con la misma frecuencia en otros espacios públicos como hospitales y colegios.

En un módulo penitenciario conviven personas de diversas procedencias y con diversidad de delitos. Obviamente las condiciones de seguridad y control cambian en función de si residen en él 20 personas ó 140.

En 1993, la población reclusa apenas superaba las 45 mil personas. En 2009 se alcanzó el récord histórico de ocupación, con más de 76 mil, aunque actualmente está en casi 67 mil. La mayoría de centros penitenciarios, creados para acoger las ocupaciones de los años 90, han visto como su tasa de hacinamiento es superior al 150%.

La situación de las cárceles no cuadra con la realidad de la calle, pues la tasa de criminalidad en España es menor que la media de los países europeos (46,1 frente a 64,9 delitos por cada 1000 habitantes). Aún así, tenemos uno de los porcentajes de presos más altos de Europa. En el período 1980-2013 se ha cuadriplicado la población penitenciaria.

Este hacinamiento configura la naturaleza de las relaciones que se producen adentro, de manera análoga a lo que sucede, por tomar algunos ejemplos, en un aula de un colegio, en una oficina o en una cafetería.

Ese aumento de proporción en nuestras cárceles, ¿no podría explicar la inseguridad en el día a día de una prisión? Pues no siempre, porque también dependerá del perfil de las personas que lo pueblan. Entonces, las que están dentro de una prisión, ¿son muy peligrosas? La propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) indica que el número de internos e internas que cumplen condenas por de violencia grave es el siguiente: homicidios, un 6,5%, delitos contra la libertad sexual, un 5,43%, y delitos con lesiones un 4,69%.

Un 62,83% de las personas privadas de libertad están internas por haber cometido delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y un 25,2% por delitos contra la salud pública, relacionados con “menudeo” o personas sirviendo como “mulas” del narcotráfico internacional. En este último grupo hay que distinguir en muchas ocasiones casos de personas que son víctimas de la explotación, los abusos y las amenazas de redes mafiosas dedicadas al tráfico de drogas. En total 58.218 personas, un 88% del total, cada una con un nombre y una historia detrás.

Las cifras muestran entonces que las cárceles están sobrepobladas innecesariamente; la poca peligrosidad de muchas personas no coincide con sus condenas.

Por ello, distintas organizaciones apuestan por un sistema penal más flexible e individualizado, que contemple las circunstancias de las personas que cometen un delito y que por supuesto contemple a la víctima. Un sistema donde la cárcel no sea la única alternativa punitiva y que haya otras alternativas a la prisión que descongestionen los centros penitenciarios: programas terapéuticos, programas educativos-formativos, etc.

ACAIP pide más funcionarios de prisión y mejores condiciones de trabajo, lo cual es lógico. Pero las organizaciones vamos más allá al pedir una revisión del sistema penal y penitenciario de forma que las cárceles no estén sobrepobladas con gente que podría cumplir su condena de formas alternativas. La cárcel, muchas veces una estructura deshumanizada, no termina de demostrar su supuesta eficacia en ningún lugar del mundo. En España, en la gran mayoría de casos, no ha servido para cumplir su fin: la reinserción de la persona, que implicaría salir mejor de lo que se entra.

Álvaro Crespo Quevedo
Responsable del programa de prisiones de SOLIDARIOS