En los últimos meses venimos asistiendo al progresivo deterioro y abandono de la situación de las personas en situación de sinhogarismo que pernoctan en las instalaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Los datos, propios y ajenos, coinciden en que en torno a 400 personas se encuentran varadas en dicho espacio, víctimas de un limbo legal y competencial que no aclara quiénes son los responsables de la atención social a todas estas personas que han acabado en el aeropuerto después de múltiples recorridos vitales, con un punto común: un sistema social y económico que expulsa y margina a un cada vez mayor número de sus participantes.

Vemos además con preocupación cómo se viene transmitiendo una imagen caótica de la situación en el aeropuerto, alimentada por determinados discursos mediáticos plagados de prejuicios, malentendidos y altas dosis de aporofobia y desinformación. Creemos que la puesta en marcha de estos discursos tiene una intencionalidad clara, en busca de un desalojo masivo y sin alternativas para las personas que allí sobreviven.

Desde las entidades sociales firmantes no podemos negar que la presencia de un número ciertamente elevado de personas en esta situación genera problemas y conflictos de convivencia. Principalmente para las personas que se ven obligadas a vivir en circunstancias y de formas que ninguno de nosotros aceptaríamos como dignas. Una situación que debe resolverse cuanto antes y de la mejor manera posible.

Por ello como sociedad civil organizada, exigimos soluciones justas y humanitarias para todas las personas afectadas por la situación que se está viviendo en las instalaciones del aeropuerto, apoyándose en los principios expresados en la Carta Social Europea, ratificada por España en junio de 2021 y en consonancia con las políticas comprometidas en la Estrategia Nacional de Lucha contra el Sinhogarismo en la que se enuncian los marcos de cooperación y el reparto competencial para la atención a personas en situación de sinhogarismo y las vías prioritarias de actuación.

Entre otras actuaciones urgentes se debería poner en marcha una mesa de coordinación entre las tres administraciones implicadas (Estado, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid) además de los ayuntamientos de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Paracuellos del Jarama, donde se acuerde de manera inmediata y urgente la puesta en marcha de recursos suficientes para el realojo y el inicio de procesos de mejora personal e inclusión social de todas las personas afectadas por la situación de exclusión social extrema, que sobreviven en las instalaciones.

Nadie vive en el aeropuerto porque quiere, porque le resulte cómodo o porque entre dentro de sus planes vitales. Las personas que allí viven y duermen lo hacen porque no les queda más remedio, porque no tienen mejor alternativa. Porque ante la crisis residencial actual y ante la insuficiencia de las políticas públicas de protección social, vivir en la calle o en alojamientos de fortuna es una consecuencia cada vez más habitual.

Desde las entidades firmantes ofrecemos para ello nuestras capacidades, medios y voluntariado para realizar las necesarias tareas de mediación y acercamiento entre los diversos colectivos de personas afectadas por la situación. Desde las personas que allí viven, hasta las personas trabajadoras que cada día ven con desazón cómo se enquista una situación por nadie deseada.